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La Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) es uno de los principales recursos financieros de la UE para apoyar la aplicación de los sistemas de Garantía Juvenil hasta 2023. La UE la puso en marcha en 2013 para dar apoyo a los jóvenes que viven en regiones donde el desempleo juvenil es superior al 25%.

En los años 2021-2023, los Estados miembros pueden aumentar sus recursos de la IEJ y del Fondo Social Europeo para ayudar a los jóvenes afectados por la crisis del coronavirus gracias a la financiación adicional de la UE disponible en el marco de la iniciativa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE),

La Iniciativa de Empleo Juvenil apoya exclusivamente a los jóvenes que no cursan estudios, ni trabajan, ni reciben formación (NEET), incluidos los desempleados de larga duración o los que no están registrados como demandantes de empleo. Garantiza que en las partes de Europa donde los retos son más agudos, los jóvenes puedan recibir un apoyo específico. Normalmente, la IEJ financia la prestación de

La IEJ apoya la aplicación de la Garantía Juvenil. En virtud de la Garantía Juvenil, los Estados miembros deben poner en marcha medidas para garantizar que los jóvenes de hasta 25 años reciban una oferta de empleo de buena calidad, educación continua, un puesto de aprendizaje o un período de prácticas en los cuatro meses siguientes a la finalización de la escuela o al desempleo.

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Las prestaciones por desempleo en España son contributivas y no contributivas[1]. Forman parte del sistema de seguridad social en España y son gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los empresarios y los trabajadores cotizan al fondo de contingencias por desempleo y si un desempleado cumple ciertos criterios puede solicitar un subsidio que se basa en el tiempo que ha cotizado y en su salario medio. También existe una prestación no contributiva para aquellos que ya no reciben una prestación contributiva que depende de un nivel máximo de ingresos.

El actual sistema de seguro de desempleo se estableció por ley del Parlamento el 23 de julio de 1961 bajo la forma de Seguro Nacional de Desempleo[2], tras los sistemas anteriores establecidos a partir de los años treinta.

Las prestaciones del Seguro de Desempleo incluyen contribuciones financieras a la persona desempleada en función de si el individuo está total o parcialmente desempleado. Además del seguro de desempleo, prevé cotizaciones económicas de la Seguridad Social. También proporciona formación, asesoramiento y capacitación profesional para ayudar a las personas a conseguir un empleo[7].

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Tras convertirse en la capital de España en el siglo XVI, Madrid fue más un centro de consumo que de producción o comercio. La actividad económica se dedicó en gran medida a abastecer a la población de la propia ciudad, que crecía rápidamente, incluyendo la casa real y el gobierno nacional, y a oficios como la banca y la edición.

No se desarrolló un gran sector industrial hasta el siglo XX, pero a partir de entonces la industria se expandió y diversificó enormemente, convirtiendo a Madrid en la segunda ciudad industrial de España. Sin embargo, la economía de la ciudad está cada vez más dominada por el sector servicios.

Después de que Felipe II hiciera de Madrid la capital del Imperio español en 1561, la ciudad experimentó un rápido crecimiento. Como España (al igual que muchos otros países europeos) continuó centralizando la autoridad real, especialmente bajo los monarcas borbónicos, Madrid adquirió una mayor importancia como centro de la administración de España. A veces se la describía como un «parásito económico», que succionaba los recursos del imperio sin generar riqueza directamente.